Tras conocer la noticia difundida en los medios dejando patente la no comunicación con nuestro colectivo por parte de la Junta de Extremadura, queremos expresar que como Federación Extremeña de asociaciones de Familiares y personas con trastorno mental diferimos de la medida anunciada por la Consejería de Salud y Servicios Sociales de destinar 10 millones de euros a la ampliación del Centro Sociosanitario de Plasencia, ubicado en la Avenida Martín Palomino.
Para nuestra Federación, esta decisión es profundamente preocupante. Se pierden 10 millones de euros que deberían destinarse a recursos en la comunidad de calidad, cercanos a las personas, en lugar de reforzar estructuras que consolidan el encierro y la marginación.
Hacer una inversión de estas características no supone avanzar, sino perpetuar un modelo institucional, del que se suponía que estábamos saliendo. Apostar por esta fórmula implica condenar una vez más a Extremadura a mantener un proyecto regional asistencial alejado del Modelo y la atención comunitaria.
Queremos dejar claro que no estamos en contra de cualquier acción que dignifique la calidad de vida de las personas que allí residen ni de los profesionales que trabajan en ese centro. Muy al contrario, pensamos que el proyecto debe avanzar hacia un modelo integrador de apoyos en la comunidad alejado de macro establecimientos e instituciones que han demostrado sobradamente su ineficacia y la estigmatización del colectivo y que, además, atenta contra los Derechos de las Personas.
Esta noticia ha generado alarma en nuestro colectivo porque confirma lo que temíamos: no existe un proyecto regional planificado en salud mental y atención social. Sin una hoja de ruta clara que analice las necesidades reales, se repiten los errores del pasado, invirtiendo en lo que no se debería, mientras se descuida lo verdaderamente urgente.
La Federación extremeña reclama a la Junta de Extremadura que reconsidere esta inversión, que valide la interlocución con esta Federación y que por último destine esos recursos económicos a dispositivos comunitarios, programas de apoyo personalizado y alternativas que promuevan la vida independiente. Esa es la única vía para construir un sistema de apoyos digno, eficaz y respetuoso con los derechos humanos.
